¿Quién manda en las aulas?

GALA MORA.  La Xunta de Galicia ha presentado una ley para regular el acoso escolar y dignificar la figura del profesor. Pero, ¿qué sucede realmente en los colegios españoles? ¿La batuta la llevan los docentes, los alumnos, o los padres de estos últimos?.

Se dispara el acoso escolar. En este curso 2010-2011 se han matriculado 7.747.253 alumnos en enseñanzas no universitarias, un 1,9% (140.736) más que en el año anterior, la mayor tasa de escolarización de la historia. El sistema educativo cuenta además con un total de 26.472 centros y 680.381 profesores. Pero un estudio llevado a cabo por el British Council refleja que el 47% de los escolares españoles se burla del físico de sus compañeros, el 11% de su religión y el 15% considera que la intimidación es un problema en sus colegios. Estos datos no hacen si no poner de manifiesto el hecho de que el acoso escolar o “bullying” es una realidad cada vez más peligrosa. En el año de más alumnos.

  1. Normativa al respecto. “El acoso moral no está regulado”, asegura Julia Clavero, letrada de Aba Abogadas, “pero sí existe una regulación estatal y es la Ley Reguladora  de la Responsabilidad Penal de los Menores, según la cual a los mayores de 14 años y menores de 18 se les impondrán medidas de corrección si cometen delitos tipificados en el Código Penal de mayores de 18 años”. ¿El problema? “Que esta ley no se aplica a menores de 14, cuando está demostrado que a partir de los 10 años ya se producen casos de acoso. Eso sí, debemos recordar que no se trata de castigar al acosador sino de buscar la raíz de su actitud, por lo que la fórmula buscadan Galicia parece adecuada”.
  2. Iniciativa gallega. La Xunta de Galicia, y en concreto la Consejería de Educación a través de su portavoz Jesús Vázquez, ha presentado la Ley de Convivencia y Participación de la Comunidad Educativa, una propuesta pionera que busca regular el acoso escolar y aquellos comportamientos que vayan contra la normal convivencia en el terreno educativo de aquella comunidad. Esta normativa tipificará diferentes delitos, como las conductas leves y graves, agresiones o discriminación, además de establecer las medidas a tomar según corresponda a cada agresión o conducta inadecuada. “Se trata de crear un marco jurídico que permita una respuesta inmediata y reeducadora frente a comportamientos que perturban el correcto clima del aula, y abordar así el problema del acoso desde la prevención y la corrección”.
  3. Precedentes en España. Éste no es la primera normativa que habla de regular cierto tipo de comportamiento dentro del aula, aunque en anteriores ocasiones se hacía dando al profesor un papel más importante. Desde 2010, tanto la Comunidad de Madrid como Valencia, cuentan con su propia Ley de Autoridad del Profesor, donde el docente pasa a tener consideración de “autoridad pública”, gozando así de presunción de veracidad en sus denuncias, lo que permite adoptar medidas cautelares provisionales contra aquellos estudiantes que no cumplen con las normas de convivencia. También se contempla el “respeto y consideración tanto de alumnos como de padres y demás profesores”. Otras Comunidades como La Rioja y Extremadura están en proceso de aplicar normativas similares. Para la abogada Julia Clavero, “con estas leyes no se ha terminado el problema, ni siquiera se ha empezado. Se debe dar la facultad al profesor de tomar medidas autoritarias ante este tipo de problemas sin que les su ponga un problema legal frente a los padres del acosador”.
  4. Figura del profesor. La realidad es que, hasta la aparición de las leyes antes mencionadas, el profesor no contaba con ningún respaldo legal ante posibles agresiones o problemas. Tal y como asegura Inmaculada Suárez Valdés, Coordinadora del Defensor del Profesor-ANPE (Asociación Nacional de Profesionales de la Enseñanza), “al tratarse de un trabajador del estado contaba con la protección como funcionario, pero nada más (artículos 550 y 551 del Código Penal). De hecho, una agresión se consideraba falta leve. Ahora es posible hablar de penalizaciones por agresión. Y si bien no queremos llegar a eso, sí consideramos que como medida disuasoria ayuda a que se tome más en serio su figura.” Desde la aparición de este organismo, han sido casi 15.000 las llamadas realizadas por docentes para interponer quejas, siendo los problemas para impartir clase (28%), el acoso y amenaza de padres (24%) y de alumnos (22%) los casos más denunciados.
  5. ¿Y los padres, qué? Los padres se implican cada vez más en la educación de los hijos. Pero en contadas ocasiones, algunos progenitores se desvían del camino correcto y lo hacen de una manera un tanto equivocada. Según la ANPE, si bien han disminuido los conflictos de baja intensidad a la hora, por ejemplo, de impartir clase, lo cierto es que las agresiones físicas de padres han alcanzado el último año un 2%, aumentando la actitud amenazante a los profesores de sus hijos en 4 puntos (24%) y las denuncias en un punto (19%). Según apuntaban desde la organización con motivo de la presentación del estudio, “este incremento está directamente relacionado con el uso de las nuevas tecnologías”. Para Pedro Rascón, Presidente de la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos (CEAPA), estos “hechos aislados son la excepción que confirma toda regla. Y aunque no estamos de acuerdo en que los profesores asuman un rango superior al que les corresponde, desde luego mostramos nuestro apoyo a aquellos que estén sufriendo cualquier tipo de agresión o acoso”.
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