Portazos a los «sin papeles»

 SilvioBerlusconiCaricature 
 
 
Tras varios años de manga ancha hacia la inmigración ilegal, Europa ha dado un giro radical y ha empezado a aprobar legislaciones fuertemente restrictivas. En las últimas 24 horas se han dado dos pasos significativos: Italia ha puesto en marcha un plan de choque demoledor contra los «sin papeles»; y los 27 Estados de la UE han consensuado un marco legal común destinado a expulsar de la zona a los ocho millones largos de ilegales. La nueva normativa, que aún debe ser debatida y aprobada por el Parlamento europeo, fija en 18 meses el tiempo máximo de detención, restringe la asistencia jurídica a los indocumentados, se simplifican los trámites para su expulsión y se establece que los repatriados no podrán entrar en Europa antes de cinco años.
Pese a su aparente rigor, la propuesta europea se queda a años luz de la batería de treinta medidas que acaba de poner en marcha el Gobierno de Roma. Se trata de una Ley de Extranjería en toda regla que considera delincuente al inmigrante ilegal. Por tanto, serán expulsados de forma inmediata; si cometieran algún delito, su pena será agravada en un tercio; quienes les alquilen una vivienda se arriesgan a tres años de cárcel, a una multa de 50.000 euros y a la confiscación del inmueble. Además, y con carácter general, serán necesarios análisis de ADN para el reagrupamiento familiar; el extranjero deberá demostrar que tiene ingresos, casa y seguro médico; y se exigen más requisitos para la obtención de la ciudadanía italiana mediante el matrimonio. También se declara ilegal la mendicidad, medida que parece destinada exclusivamente a combartir los asentamientos de rumanos y gitanos. No cabe duda de que la política de Berlusconi está generando cierta polémica, sobre todo a raíz de que algunos ministros de Zapatero la hayan criticado abiertamente. Ayer mismo, el secretario de Estado para la UE, López Garrido, lamentó ante su homólogo italiano que la nueva legislación puede provocar un «desvío de flujos migratorios», es decir, que los expulsados de Italia acaben recalando en España por su actitud más permisiva. No le falta razón a López Garrido, pero por eso mismo debería el Gobierno español revisar algunos de sus criterios sobre la inmigración ilegal. A Berlusconi se le puede acusar de que vaya por libre en este terreno, que no se atenga a la política comunitaria y que, en el colmo de la incoherencia, apruebe en su casa una normativa muy diferente a la que aprueba en Bruselas. En este sentido, tiene razón el Gobierno español al criticar al italiano, pero ocurre que los gobernantes del PSOE no tienen un pasado tan intachable como para darle ahora lecciones a nadie. Si Europa está reaccionando tan abruptamente es porque gobiernos como el de España creyeron muy progresista dar «papeles para todos» y tachar de «xenófobos» y «racistas» a quienes advertían de que un flujo de inmigración incontrolado traería más perjuicios que beneficios para todos, sobre todo para los propios inmigrantes.
Es evidente que algunas medidas italianas son de una dureza inusitada, pero no es menos cierto que formaban parte del programa electoral con el que Berlusconi ha ganado las elecciones por mayoría absoluta. Italia atraviesa una situación difícil con los ilegales y ha dado una respuesta muy dura para expulsarlos. Es probable que, de rebote, España se vea perjudicada y recalen aquí los expulsados de allí. Conviene, por tanto, adoptar medidas preventivas y, en vez de enzarzarse en disputas diplomáticas estériles con los vecinos, acordar fórmulas de colaboración.

 
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