Estoy seguro de que la medida de regular legalmente el uso de los servicios públicos por los cargos públicos sería muy bien acogida

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Existe una medida muy barata que haría mejorar de forma sorprendente y en poco tiempo nuestros maltrechos sistemas de Educación y Salud públicas. Una iniciativa legal que, en un plazo muy reducido de tiempo, solucionaría la mayoría de los problemas que padece la enseñanza y la atención sanitaria públicas de nuestro país.
Se trata de algo tan razonable y elemental como obligar legalmente a los responsables del funcionamiento de los servicios públicos a utilizar los servicios que tienen a su cargo. ¿No es razonable que los cargos públicos de las distintas administraciones en cuyas manos hemos puesto los ciudadanos el cuidado de la atención sanitaria y de la educación lleven a sus hijos a un colegio público y a un médico del sistema de salud público? ¿O es que los servicios que han de ser buenos para el conjunto de la ciudadanía no son suficientemente buenos para los responsables de los mismos y para sus hijos?
Pueden estar seguros de que si diputados, senadores, presidentes de las distintas comunidades autónomas, consejeros, alcaldes y concejales, tuvieran que llevar por imperativo legal a sus hijos al colegio público que les correspondiera por cercanía y tuvieran que hacer uso, cuando lo necesitaran, del centro de salud público de su distrito, la calidad de estos servicios mejoraría como por arte de magia en muy poco tiempo.
¿No es lógico que los altos cargos de las administraciones autonómicas que se felicitan legislatura tras legislatura del buen funcionamiento de la Educación y la Sanidad públicas demostraran la sinceridad de sus palabras haciendo uso de los servicios públicos en lugar de huir –en silencio y de puntillas– a asociaciones médicas y centros de enseñanza privados con el fin de eludir las deficiencias del sistema que tienen a su cargo?
Los ciudadanos aceptamos de buen grado que cobren un sueldo que les permita tener dos automóviles de gama alta, un piso de cien metros cuadrados y un chalet en la costa o en la sierra, pero no podemos dejar de ver mal que su sueldo sirva para que se puedan pagar un colegio sin inmigrantes –¡por favor!–, en el que el profesor no tenga que dejarse la vida para conseguir las mínimas condiciones de trabajo en el aula o para pagarse una atención médica sin esperas, en la que, tras una intervención quirúrgica, no te metan en una habitación con cuatro camas o te dejen en el pasillo. Eso, en cambio, nos parece muy mal porque es precisamente de ellos de quien depende el sistema público que nos sirven a los demás, a los que tenemos su sueldo, como el mejor sistema al que podemos aspirar.
Estoy seguro de que la medida de regular legalmente el uso de los servicios públicos por los cargos públicos sería muy bien acogida por la inmensa mayoría de los ciudadanos y serviría para mejorar la deficiente imagen que éstos tienen de sus representantes políticos y de las instituciones que les gobiernan. Y apoyaré con todas mis fuerzas a cualquiera con más capacidad que yo que se anime a promover esta iniciativa de honradez y dignidad política.
Pedro Fernández Liria.Profesor de Enseñanza Secundaria.
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